cinco años las familias de los diputados secuestrados pidieron al gobierno nacional y a las Farc un acuerdo humanitario que los regresara vivos, libres y en paz.
Uno de los episodios más violentos de la historia del Valle del Cauca es la masacre de once diputados secuestrados por las Farc. Cinco años antes habían sido sacados del palacio San Luis, sede de la Asamblea Departamental, en medio de un supuesto operativo militar. Enredados en la selva, no volvieron a ver la libertad. Hoy sus familias piden reparación y no más impunidad.
El 18 de junio se conmemoró la muerte de once diputados del Valle, masacrados en pleno secuestro por las Farc, que argumentaron a través de un comunicado diez días después (el 28 de junio) que los asambleístas habían perdido la vida en hechos confusos. El episodio, sumado a la lucha de once familias que por más de cinco años buscaron la libertad de sus seres queridos, ha sido uno de los más estremecedores de la historia regional. Nunca antes en Colombia las Farc se había salido con la suya de manera tal, que engañando a una ciudad entera pudieran sacar de pleno centro de Cali a un número así de dignatarios para luego encerrarlos en la selva por un periodo de años.
Este capítulo ya es para muchos un mal recuerdo; sin embargo, sigue siendo la lucha de once familias que piden a gritos justicia y reparación en un caso donde todavía no hay claridad ni responsables, sobre todo, del asesinato de los diputados. Los reclamos de madres, hijos, hermanos de las víctimas parten desde que les sean devueltos sus objetos personales, esos que mantuvieron de alguna manera vivos a sus seres queridos, hasta la indemnización.
En medio de la conmemoración, las familias de los once diputados del Valle (secuestrados el 11 de abril de 2002) reclamaron justicia no solo frente a la impunidad para dar con los responsables, sino también en el ejercicio de la rama Judicial, que con pasos muy lentos avanzan en un proceso en el que hay un fuerte temor de que los pronunciamientos no los favorezcan.
El pasado 18 de junio se conmemoró la masacre con dos actos litúrgicos, organizados por los familiares. Foto: cortesía de Paco Cortés, Gobernación del Valle
Así va el caso de los diputados masacrados
Los abogados del grupo de familiares de los diputados entregaron el informe sobre cómo va el largo proceso. En él se hizo un recuento de lo que ha sido el ‘viacrucis’ de las víctimas. Según la defensa, todo comenzó en 2008 con una acción de grupo que debería tardarse un año; sin embargo, a junio de 2013 no ha sido posible que finalice. En mayo de 2012 salió una sentencia en primera instancia, después de pasar por tres jueces, de las cuales uno no quiso emitir fallo porque, según él, le daba miedo hacerlo en un caso tan complejo.
Este fallo, a favor de las familias, estableció que los abogados sí habían podido demostrar que había habido fallas en el servicio prestado por el Estado, que había sido inferior a su compromiso de garantizar la vida y la libertad de los diputados que estaban en cautiverio, y se ordenaron unas indemnizaciones que tenían que ver con unas formas que dicen las leyes, aquí se calcularía el número de años en los que los diputados no pudieron responder económicamente por sus familias, por obvias razones.
En ese momento el Ministerio de la Defensa apeló con el objetivo de rebajar la indemnización, lo que aprovechó la defensa para vincular a algunos familiares que habían quedado por fuera del favorecimiento del fallo, solicitando que se revisaran los nombres.
La apelación llevó el fallo al Tribunal Administrativo del Valle, y le correspondió al magistrado Franklin Pérez preparar la ponencia, que de forma juiciosa se preparó entre mayo y octubre. Allí Pérez proyectó una sentencia favorable que incluso mejoraba las condiciones de la primera instancia.
El magistrado presentó la ponencia ante la sala, convenció que se debía favorecer a las familias, y en ese momento intervino el magistrado Óscar Valero, quien argumentó que por tratarse de una indemnización tan alta, esa decisión no la podían tomar solo tres magistrados, sino que debía llevarse a sala plena, con diez magistrados.
Se llevó a sala plena. Valero hizo una sustentación que venció la ponencia favorable, que quedó hundida. Entonces, debió nombrarse un nuevo ponente que volviera a hacer a preparan la ponencia, la presentara y convenciera a la sala plena.
Valero logró ser el ponente del futuro fallo (la defensa asegura que desconoce los motivos). En 2012 recibió el expediente y lo archivó, según los abogados, por meses, hasta que el año pasado las familias se enteraron por medios de comunicación que el fallo no los beneficiaría. Frente a esto no se ha pronunciado el magistrado Valero de forma oficial, aunque les asegura a los medios que ya tiene el fallo.
Para la defensa de las familias no es posible que se tengan que enfrentar un grupo de ciudadanos, que además son víctimas, con argumentos tan necios como los expuestos por el magistrado Valero, quien indica que “no hay que indemnizar porque durante el secuestro, ellos (los diputados del Valle) no dependían de ningún organismo como la Policía ni dependían del Estado. Estaban en la selva”. Otro argumento es que “ninguna relación hay entre la muerte y la falla del servicio”, al que la defensa repara responde alegando que el secuestro fue consecuencia precisamente de la falla del Estado.
La condición de los familiares de los diputados no es buena
Los familiares de los diputados asesinados en cautiverio viven un ‘calvario’ desde hace más de una década. No es su totalidad pero sí en un número importante, la situación económica no es la mejor, y esto ha sido de pleno conocimiento de la opinión pública cuando, incluso desde el cautiverio, las familias (esposas, madres e hijos) de los asambleístas reclamaron el pago de sus honorarios para poder subsistir.
La situación no ha cambiado: varias de las familias hoy tratan de superar todas las dificultades, a esto se suman los daños emocionales y de salud física de varios familiares que, aunque son detalles irreparables, podrían mejorar sus condiciones de vida, desgastada como consecuencia de tener un familiar secuestrado.
Respecto a lo legal, las familias representadas por los abogados Héctor Carvajal e Iván Hernández, quienes han acompañado durante el proceso a las víctimas, no se explican el porqué de lo accidentado de su caso ni cuáles son los intereses de la justicia en no avanzar en la reparación.
Sienten que desde el proceso se han buscado todos los argumentos para no beneficiarlos, empezando por un juez que por miedo dejó de pronunciarse y llegando hasta un magistrado que archiva el expediente por meses sin tener en cuenta la necesidad del grupo de familiares.
Este 18 de junio, en medio del dolor por la conmemoración de aquella fecha, las familias se reunieron con la defensa luego de que los abogados nuevamente le insistieran al magistrado Valero en la notificación del caso. A propósito, el funcionario otra vez contestó que se pronunciaría en los próximos días. El temor por un fallo que no los favorezca y que, por el contrario, favorezca al Estado, ronda estos hogares que hoy piden el beneficio de la indemnización.
Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro y posterior masacre, se unió al llamado de no más impunidad que hicieron los familiares. Foto: Carlos Vargas
El sobreviviente también reclama justicia
Por medio de un escrito al que tituló las masacres y las víctimas en Colombia: de la dialéctica irracional a la racional impunidad, Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro y posterior masacre de los diputados del Valle, quien también participa en el proceso de las familias se refirió al respecto (apartes del escrito):
“Se conmemoran seis años de la masacre de mis compañeros, los once diputados del Valle, asesinados por las Farc cuando una columna del Frente 29 irrumpió sin avisar al campamento custodiado por el Frente 60, y alias El Grillo cumplió la orden perentoria del Secretariado de asesinar los secuestrados, sino alcanzaban a sacarnos con vida en caso de un rescate.
El pasado 5 de mayo se cumplieron diez años de la masacre de Urrao (Antioquia) en la que las Farc asesinaron a Gilberto Echeverry (exministro de Estado), Guillermo Gaviria (exgobernador y líder del movimiento de la no violencia en Colombia) y otros diez secuestrados indefensos integrantes del Ejército Nacional.
”Las masacres de Urrao, Bojayá, de los diputados del Valle y muchos otros delitos atroces están en alto riesgo de quedar en la impunidad como consecuencia de los acuerdos de las Farc y el gobierno colombiano en La Habana. También son largas y vergonzosas las listas de masacres y violación de DD. HH., perpetradas por grupos paramilitares y agentes del Estado, que hoy todavía continúan en la impunidad. La violencia no cesa ni ha cesado en los últimos cincuenta años. Las heridas siguen abiertas y los dolores, acumulándose en la historia porque los verdugos nunca han pedido perdón a sus víctimas y el Estado colombiano, con buenas intensiones pero sin recursos suficientes, apenas empezó a promover una muy loable e histórica intervención psicosocial (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que quizá permita a las víctimas retomar su proyecto de vida, ser integralmente reparadas y garantice que el hecho perturbador no se repita.
”Los giros bruscos en la conducción del Estado no solo demuestran improvisación y ausencia de políticas públicas con resultados generalmente negativos para la sociedad. Pero hay algo especialmente peligroso en este ultimo quiebre. En menos de un año estamos pasando de la dialéctica irracional que gobierna toda guerra a la racional impunidad que se evidencia en los diálogos de la habana, y esta ligereza para lograr a cualquier precio la terminación del conflicto con las Farc puede derivar en acuerdos nocivos y contraproducentes a mediano y largo plazo, sencillamente porque la impunidad total que ahora se quiere vender con el nombre de justicia transicional es, siempre ha sido y será, generadora de más violencia, sobre todo aquí en Colombia, en nuestro país, estadísticamente probado como uno de los más violentos de la tierra”.