La cifra del informe general sobre el conflicto armado interno colombiano contemporáneo que presentó a la sociedad el Grupo de Memoria Histórica es aterradora: 220.000 personas asesinadas en los últimos cincuenta y cinco años.
Foto: Jesús Abad Colorado, Centro de Memoria Histórica
Este informe llega como el cierre de un ciclo del trabajo del Grupo de Memoria Histórica, GMH, después de completar catorce volúmenes que exploran tragedias específicas o temas transversales y que el país viene leyendo desde hace un lustro. Para llegar a esta cifra escalofriante, el GMH recopiló y cruzó la información de instituciones oficiales, ONG, entidades privadas y de los propios informes publicados en años anteriores.
Como bien lo dice Gonzalo Sánchez, director de la institución, el documento “no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado. […] El informe es un momento, una voz, en la concurrida audiencia de los diálogos de memoria que se han venido realizando en las últimas décadas. Es el ‘¡Basta ya!’ de una sociedad agobiada por su pasado, pero esperanzada en su porvenir”.
La historia del horror
Foto: Jesús Abad Colorado, Centro de Memoria Histórica
En informe reciente, ¡Basta ya!, el Grupo de Memoria Histórica se aproxima a dar un número de víctimas directas durante más de cinco décadas de conflicto armado: 220.000 personas asesinadas. La cifra resulta aun más tremenda si se tiene en cuenta que de estos, la gran mayoría, 166.069, fueron víctimas civiles.
“La guerra colombiana no es una guerra de combatientes”, dice el análisis del GMH, porque ha afectado y sigue afectando sobre todo a la población civil. “Tampoco es una guerra limpia o, al menos, regulada”, añade el informe, porque ha sido demasiado larga, y la violencia que han empleado los actores se ha degradado al punto de romper los propios límites éticos y normativos de la guerra.
Masacres y secuestros
Dos crímenes se convirtieron en emblemáticos para la guerrilla y los paramilitares. En el caso de los primeros están los secuestros; para los segundos, las masacres. Las cifras del informe ¡Basta ya! indican que las guerrillas secuestraron a 24.482 personas (de un total de 27.023), mientras los paramilitares masacraron a 7.160 (de 11.751).
Foto: Jesús Abad Colorado, Centro de Memoria Histórica
Estos fueron también los delitos de mayor impacto. Con los secuestros, las guerrillas llegaron no solo a afectar la vida de miles de ciudadanos, sino que alcanzaron a descalabrar la producción nacional, espantar la inversión privada e incluso debilitar al Gobierno. Con las masacres, los paramilitares dejaron en ruinas a millares de campesinos colombianos, obligaron a vaciar o silenciar pueblos enteros y, además, sentaron una base de concentración de la riqueza e injusticia en la economía y la política colombianas. Con estas prácticas, las dos fuerzas rebasaron cualquier límite ético, subieron los niveles de tolerancia a la crueldad de toda la sociedad.
Además, las cifras demuestran que no fue, como han alegado muchos, que el desmadre secuestrador de las guerrillas produjo después la reacción masacradora del paramilitarismo. El incremento demencial de los dos delitos se dio en los mismos años, cuando la violencia del uno motivaba la del otro, y la de la otro reforzaba la del primero, en una espiral que hizo pico entre 2000 y 2002.
Víctimas invisibles
El GMH explica que los actores del conflicto armado utilizaron los asesinatos selectivos, las pequeñas masacres (no más de seis personas) y las desapariciones forzadas con un doble propósito: sembrar el terror en las poblaciones y, a la vez, evitar que la magnitud de cada episodio violento llamara la atención de los medios o del Gobierno. La lógica era “matar a tres no será noticia, pero igualmente silencia y permite dominar”.
El informe ¡Basta ya! calcula que los asesinatos selectivos dejaron 150.000 víctimas aproximadamente, los paramilitares cometieron 880 masacres pequeñas y desaparecieron entre 17.000 y 25.000 personas.
El informe muestra que algunos capítulos de esta violencia que registraron una sucesión de asesinatos ‘selectivos’, en realidad puestos juntos fueron una gran masacre. Así pasó en Trujillo (Valle del Cauca) y Segovia (Antioquia).
En el caso de las desapariciones forzadas los mismos victimarios, como el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, han dicho que esto era una política para encubrir las altas cifras de homicidios en ciertas regiones donde tenían gran influencia, con la complicidad tácita o explícita de miembros de la fuerza pública. También fue una práctica muy común antes del proceso de desmovilización y durante el posterior rearme de algunos de esos grupos paramilitares.
El informe también muestra que la Fuerza Pública ha sido protagonista de esta práctica, entre 1982 y 1995 sectores radicales de esta institución la utilizaron como una respuesta a los procesos de paz de los gobiernos con la guerrilla y a la ampliación política y el fortalecimiento del poder civil que trajo la nueva Constitución. A mediados de la década pasada quedaron en evidencia los ‘falsos positivos’.
Colombia marca el triste récord mundial del país con el mayor número de personas desplazadas por un conflicto interno: 5,7 millones. Los peores años fueron entre 2000 y 2003, cuando poblaciones fueron sacadas a la fuerza por los actores armados o tuvieron que huir por miedo a caer en sus garras; 300.000 personas cada año.
El informe concluye con que “en Colombia, el desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios”.
Foto: Jesús Abad Colorado, Centro de Memoria Histórica
Por otro lado, el GMH rescató hechos y voces de la terrible masacre ocurrida durante varios años en el municipio de Trujillo. Este documento dedicado al municipio de Trujillo, Valle del Cauca, en los años 1988 y 1994, hizo evidente la convergencia entre el narcotráfico y los grupos paramilitares, a la vez que mostró tanto las alianzas del crimen con miembros de la Fuerza Pública, como la grave y persistente impunidad. Ver más sobre este informe.