Bloque Calima AUC
Los fusiles del Bloque Calima se silenciaron el 18 de diciembre de 2004, cuando quinientos sesenta y cuatro hombres entregaron sus armas en el corregimiento de Galicia (Bugalagrande, Valle del Cauca) y se acogieron al proceso de Justicia y Paz. A partir de ese momento, las víctimas y las instituciones encargadas del proceso de justicia transicional empezaron a librar una ardua lucha: reconstruir la historia de ese grupo ilegal, establecer los daños y las víctimas y conseguir que quienes sufrieron su violencia en Cauca, Valle del Cauca y alrededores fueran reparados.
El proceso de justicia transicional, que se sustenta en la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, ha tenido que sortear con toda clase de obstáculos. En el caso del Bloque Calima, los problemas arrancaron desde el inicio. Si bien un poco más de quinientos hombres entregaron las armas, solo veintitrés de ellos fueron postulados para que confesaran sus crímenes y respondieran ante sus víctimas.
Esto ocasionó que gran parte de los crímenes que cometieron los paramilitares en el suroccidente del país, quedaran por fuera del alcance de los funcionarios de Justicia y Paz. Ante esa situación, la Fiscalía solo pudo escuchar en versión libre a un puñado de excombatientes y llevar a otros cuantos ante los magistrados para que respondieran por sus culpas.
Otro problema es que la participación de quien se desmovilizó como el jefe máximo del bloque, Éver Veloza García, alias HH, ha estado llena de sobresaltos. En un principio, HH se dio a la fuga cuando el gobierno del expresidente Álvaro Uribe les ordenó a los jefes paramilitares recluirse en la cárcel de La Ceja, en Antioquia. Luego, en abril de 2007, fue capturado y en octubre empezó a ponerse al día con Justicia y Paz, rindiendo un total de nueve versiones libres durante ese año. En 2008, HH dio versiones libres durante siete meses; y en 2009, ante su inminente extradición, confesó crímenes casi a diario, entre finales de enero y el mes de febrero. Finalmente, fue enviado a Estados Unidos el 5 de marzo para que respondiera ante la justicia de ese país por delitos asociados al narcotráfico.
Aunque en sus últimos años de estadía en Colombia Veloza rindió varias indagatorias ante Justicia y Paz, buena parte de ellas correspondieron a hechos del Bloque Bananero, puesto que también fue jefe de ese grupo que existió en el Urabá antioqueño. Solo a finales de 2012, desde Estados Unidos, el extraditado volvió a dar su versión de los hechos atribuidos al Bloque Calima. En lo corrido de este año no ha confesado en versión libre.
Ya sin HH, la Fiscalía se concentró en procesar a los excombatientes que tenía a su alcance. A mediados 2010 solamente había recibido versiones de trece postulados y únicamente cinco habían tenido imputación de cargos ante el Tribunal de Justicia y Paz. Además, el proceso que más había avanzado ante los magistrados fue devuelto a su etapa inicial porque la Corte Suprema de Justicia decretó nulidad de los cargos formulados a Gian Carlo Gutiérrez Suárez, alias Pirata. En esa sentencia, el alto tribunal consideró la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para que ayudara a reconstruir la memoria del conflicto armado.
La escasez de postulados, y por ende de crímenes confesados, cambió a partir de los últimos meses de 2010, cuando otro centenar de paramilitares que estaban presos en diferentes cárceles del país fueron postulados al proceso de justicia transicional. El Ddecreto 4719 de 2008 había cambiado el mecanismo para la postulación de excombatientes. Así, si antes tenían que ser reconocidos por sus jefes o comandantes, a partir de esta norma, estos pueden pedir de manera individual al gobierno que los admita en la justicia transicional.
En ese último grupo de postulados llegaron desmovilizados clave para el proceso, como Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, quien fue la mano derecha y segundo al mando de HH; Juan Mauricio Aristizábal, alias El Fino, hombre de confianza de HH para manejar los dineros; Armando Lugo, alias El Cabezón, el encargado de entablar nexos con la Fuerza Pública; varios mandos medios como José Ruperto García, alias El Gato, y Jair Alexander Muñoz Borja, alias Sisas; además de decenas de paramilitares rasos, responsables directos de cientos de crímenes.
Con ese alto volumen de postulados, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz empezó a escuchar versiones de los recién llegados, de manera colectiva para avanzar en el proceso. Ante el gran número de exparamilitares que confesaron sus delitos y para poder verificar lo que decían, en mayo de 2011 la Unidad de Justicia y Paz de Cali fue ampliada con nuevos grupos de investigadores y con dos fiscalías más: la 40 y la 53.
Desde ese momento los tres despachos empezaron a recibir las versiones de manera colectiva sobre que delinquieron en los mismos sitios y en las mismas fechas, para documentar la mayor cantidad de crímenes y procesarlos ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz. Bajo esa dinámica, entre marzo y abril de 2012, las tres fiscalías de Cali les imputaron trescientos noventa hechos criminales a ochenta y nueve postulados, dando así inicio a un juicio amplio en el que fueron judicializados desde casos de asesinatos selectivos, hasta cruentas masacres y tomas prolongadas en pueblos aislados.
En junio de 2012, los fiscales de Justicia y Paz también realizaron otra imputación colectiva a setenta postulados (la mayoría de ellos procesados en la anterior audiencia) por la masacre de El Naya, varios homicidios en Huila y otros casos en el Valle del Cauca.
Víctimas descontentas
A pesar de estos avances en los últimos años, varias organizaciones sociales y víctimas cuestionan los alcances y la lentitud de Justicia y Paz y el poco número de víctimas que han sido reconocidas de manera rápida para que los procesos puedan avanzar y se llegue a las audiencias de reparación.
Aseguran, además, que en la práctica para ser reconocidas, un desmovilizado tiene que haber confesado el hecho del que fueron víctimas. No obstante, funcionarios encargados de esa tarea explicaron que la confesión del hecho no es un requisito indispensable para la acreditación, sino que son necesarios los documentos que sustenten que una persona es víctima. También lo es que el hecho haya ocurrido en las zonas y años en los que delinquió el grupo paramilitar.
Hasta febrero de este año, 1.163 víctimas habían sido acreditadas por Justicia y Paz como tales. Este es un problema es similar en otras regiones y despachos del país. Según el Centro Internacional de Toledo para la Paz, solo el 12 % del total de víctimas registradas en Justicia y Paz ha sido reconocido como tal.
Otra dificultad que han encontrado las víctimas es la poca velocidad con la que avanza el proceso judicial. En algunos casos sus crímenes no son confesados por los paramilitares y se quedan estancados; en otros, tienen que sortear las prolongadas etapas judiciales ante los magistrados de Bogotá –en Valle del Cauca y Cauca no hay Tribunal de Justicia y Paz– y en muchas ocasiones no tienen los recursos para asistir a las audiencias.
El Bloque Calima todavía no cuenta con una sentencia en pie en Justicia y Paz. En septiembre del año pasado Gian Carlo Gutiérrez fue condenado a una pena alternativa de ocho años de cárcel, pero la defensa de las víctimas apeló el fallo y el caso está siendo estudiado por la Corte Suprema, la cual deberá decidir si sostiene la condena.
Los crímenes del Bloque Calima
Entre los crímenes que se le atribuyen a los paramilitares del Bloque Calima, 7.020 víctimas han denunciado casos ocurridos en Valle del Cauca, 4.249 en Cauca, 250 en Huila y 18 en Quindío.
En Valle del Cauca se han denunciado 4.155 homicidios, 1.564 desplazamientos forzados y 639 desapariciones forzadas; y en el departamento de Cauca se denunciaron 2.306 homicidios, 1.367 desplazamientos forzado y 180 desapariciones forzadas. Varias de estas cifras deben ser depuradas porque algunos casos pudieron ser cometidos por otros grupos al margen de la ley.
Y de esos casos, hasta el momento han sido imputados 373 hechos, con relación a 2.496 víctimas. Los cuales corresponden a 12 masacres, 38 desapariciones forzadas, 283 homicidios, 138 secuestros y 1.971 desplazamientos forzados.
Además, la Fiscalía le ha formulado cargos a Robert Enrique Oviedo Yanes, Juvenal Álvarez, Gian Carlo Gutiérrez, Jesús Puerta y Albeiro Úsuga. Estos exparamilitares fueron acusados por 124 hechos criminales que confesaron, que equivalen a 10 masacres, 12 desapariciones forzadas, 137 homicidios y 18 desplazamientos forzados, que dejaron un saldo de 996 víctimas.
Lo que ha documentado la Fiscalía
Pese a tener pocos postulados rindiendo versión libre, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz ha documentado cientos de hechos cometidos por el Bloque Calima. En estas audiencias, los postulados han enunciado 380 hechos delictivos y han confesado 148.
La diferencia entre hechos enunciados y confesados consiste en que los primeros son mencionados por los ex paramilitares durante la primera etapa de las versiones, en las que por lo general no recuerdan el nombre de las víctimas ni la fecha de los hechos; y los segundos, son aceptados por ellos ante los familiares de las víctimas, luego de que la Fiscalía ha investigado los casos.
En las versiones libres, los primeros postulados enunciaron 23 masacres, aunque la Fiscalía ha documentado 73; también han sido enunciados 545 homicidios, 15 secuestros, 4 casos de violaciones, 25 casos de hurto, 14 casos de desplazamientos colectivos y 50 delitos de otra clase.
Hasta el momento, a cinco exparamilitares del Bloque la Fiscalía les ha imputado casos. Ellos son Gian Carlos Gutiérrez Suárez, Jeins Puerta Flórez, Juvenal Álvarez Yépes, Robert Enrique Oviedo y Alberto Úsuga Gracián. En total, la Fiscalía ha imputado de este bloque ante un magistrado de control de garantías 64 homicidios, 86 desplazamientos forzados, 12 secuestros y 5 casos de concierto para delinquir.
Asimismo, ante Justicia y Paz también se han registrado 4.815 víctimas en el Valle, 3.368 en Cauca, 197 en Huila y 13 en Quindío. No obstante, estas cifras deben ser depuradas porque en algunos casos varias personas han reportado el mismo caso, o éste fue cometido por un grupo armado diferente al Bloque Calima.
La Fiscalía, junto con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y demás entidades que intervienen en el proceso de Justicia y Paz, también ha realizado varias jornadas de atención de víctimas para obtener información de primera mano sobre los hechos que investiga y para que las víctimas sean asesoradas en el proceso. Pese a las dificultades de logística, seguridad y el temor de las víctimas para contar su verdad, se han realizado cinco jornadas de este tipo en este año y en las últimas fueron escuchados sobrevivientes de las masacres de El Naya, en Timba, Cauca, y de Alaslaka, en Yumbo, Valle.
Además, la Fiscalía ha documentado por medio de las versiones libres y de investigaciones judiciales cómo fue la llegada del Bloque Calima al Valle, cómo se organizó, cómo se expandió a departamentos vecinos y cómo delinquió
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Un poco más de quinientos hombres entregaron las armas, solo veintitrés de ellos fueron postulados para que confesaran sus crímenes y respondieran ante sus víctimas
Según el Centro Internacional de Toledo para la Paz, solo el 12 % del total de víctimas registradas en Justicia y Paz ha sido reconocido como tal
Entre las dificultad que han encontrado las víctimas en el Valle del Cauca es que en el departamento no hay Tribunal de Justicia y Paz, y en muchas ocasiones no tienen los recursos para asistir a las audiencias en Bogotá.