Tomada del Informe: Crisis en Buenaventura de la Human Rights Watch
Por: Andrés Córdoba
Especial para El Nuevo Liberal
Hace tres años el Ministerio de Educación giró 54.500 millones de pesos para financiar el estudio de 111.600 niños de básica primaria y bachillerato que se habían matriculado en Buenaventura. Sin embargo, en el 2011, el ministerio realizó una auditoría en este municipio y se determinó que el 36% de los estudiantes, es decir 40.600 nunca existieron. A este hecho se le conoció como el caso de los ‘estudiantes fantasmas’.
La Contraloría General y la Fiscalía decidieron abrir un proceso para poder determinar en manos de quién fueron a parar estos recursos de la educación pública. De encontrarse a los responsables deberían responder por delitos y faltas disciplinarias, pues según las declaraciones de la Ministra de Educación María Fernanda Campo “en torno a la educación se armó un ‘carrusel’ en el que, entre más estudiantes, más maestros, más alimentación escolar y más transporte fraudulentos, más dinero”.
Desde la aparición de los ‘estudiantes fantasmas’ en el 2011, se realizó una serie de auditorías en el país, en donde se pudo determinar hasta el año 2013, que de los 9.418.237 niños que se había matriculado en Colombia, 561.277 eran inexistentes o ‘estudiantes fantasmas’, con los cuales las instituciones de educación inflaban el monto real que necesitaban para funcionar. Con la detección de los 561.277 estudiantes inexistentes se logró recuperar 840.000 millones de de la cartera de educación.
A pesar de que el problema se detectó en el 2011, no se ha podido controlar de manera definitiva. En el caso de Buenaventura, en el 2012, siguieron apareciendo los ‘estudiantes fantasmas’: se pasó de más de 40 mil estudiantes inexistentes a 2.135 y en donde se logró recuperar 3.500 millones de pesos, algo que para la ministra representan una cifras “totalmente diferentes y positivas”.
El negocio de la ampliación de cobertura
En el 2011, el Ministerio de Educación a través de su programa de ampliación de cobertura educativa, giró a Buenaventura una importante suma de dinero para sacarlo adelante (75 mil pesos mensuales por estudiante), con el cual pretendían brindar la oportunidad de ingresar a una institución privada a los niños y jóvenes de escasos recursos que no alcanzaban un cupo en escuelas públicas.
La propuesta educativa no demoró en convertirse en el negocio de avivatos. Como lo registraron en el año 2011 algunos medios regionales y nacionales, fueron varias las personas que, buscando una tajada, comenzaron a acondicionar sus casas (garajes, habitaciones, salas), para convertirlas en una improvisadas escuelas privadas y de esta manera captar recursos del Estado.
Así, por ejemplo, la revista Semana afirmó que mientras en Buenaventura había 39 instituciones educativas públicas, existían por otro lado 558 sedes y subsedes de colegios privados “que no son otra cosa que pequeñas casas de familia en barrios subnormales convertidas en escuelas con un solo baño, piso en cemento, paredes al desnudo, poca iluminación y escasa ventilación”.
Otro medio de comunicación local mencionó ese mismo año (febrero de de 2011) que el Alcalde José Félix Ocoró, la secretaria de educación municipal y prima del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, Yolanda Amú Venté “asignaron los millonarios recursos del Ministerio de Educación firmando contratos con los rectores de 58 colegios privados”.
De ahí que salieran favorecidos “la secretaria de educación, el hermano del entonces diputado del PIN Yíminson Figueroa, una fundación de la que hace parte el esposo de la concejal Yohana Rodríguez, también del PIN, y quienes apoyaron políticamente a los amigos del exsenador, que pese a no contar con capacidad en sus improvisados ‘colegios’, sino para 120 o 150 estudiantes, recibieron contratos para educar hasta a 5.400 alumnos”.
Este tema sería analizado por la Contraloría General de la Nación, en una auditoría realizada en el año 2012, en donde se menciona que se encontró, por ejemplo, que los pagos realizados por $42.972 millones en desarrollo del programa de ampliación de cobertura educativa, no fueron respaldados con soportes de ejecución en donde se sustentara que los recursos sí se estaban utilizando para tal fin.
Tomada del Informe: Crisis en Buenaventura de la Human Rights Watch
Además, el estudio de insuficiencia presentado por el Distrito de Buenaventura para justificar el número de cupos contratados con instituciones privadas en la vigencia de 2011, no reunió los elementos básicos que lo respaldaran, como el análisis de la cobertura por zona, institución o grado; el estudio de la oferta pública en función de la demanda y lo más importante: la identificación de la población no atendida.
Frente al tema de la contratación, se analizaron 14 contratos correspondiente al 65% de los recursos invertidos, los cuales presentaron una subcontratación hasta del 100% “de los cupos asignados por contrato. Así mismo, se realizó con centros educativos no calificados en el banco de Oferentes y/o incluidos en el régimen controlado a una tarifa de $47mil niño/mes equivalente al 62,66% del valor pagado por el Distrito al contratista, sometiendo el 86,68 % de la población atendida en la muestra evaluada, a una canasta educativa insuficiente para cubrir los costos básicos, en detrimento de la calidad educativa”, aseguró la Contraloría en su auditoría.
De igual forma, se estableció en la verificación del Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) que los datos registrados no garantizaban la exactitud y calidad en sus registros. Sumado a esto, se encontró información repetida, registros de matrícula con documento de identidad de personas fallecidas que no justifican el pago del servicio educativo y totales de matrícula en el sector oficial y no oficial que no eran acorde a lo realmente ejecutado.
Este diario quiso conocer por parte del Ministerio de Educación, cómo se han abordado estos temas para darle una solución definitiva y qué alcances había tenido las investigaciones adelantadas por la contraloría, pero no fue posible.
La educación de la violencia
A pesar de que el 83,4% de la población de 5 años y más sabe leer y escribir según el DANE, el 37,5% de la población residente en este municipio ha alcanzado el nivel básica primaria y el 32,6% el de secundaria. Es decir que más de la mitad de la población de Buenaventura aún no ha ingresado a una escuela o colegio y por el contrario, en las instituciones se ha comenzado a dar un creciente porcentaje de deserción escolar. La otra cara de la moneda se vive con las bandas criminales y la disputa de poder por los barrios de grupos como La Empresa, Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Chocoanos, quienes según Human Rights Watch, han comenzado a reclutar forzosamente a menores de edad.
En 2013, según el informe, la personería de Buenaventura recibió la denuncia de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban entre otras a jóvenes de 17 años, quienes muchas veces deben irse para escapar de las manos de los reclutadores.
Los niños también han pasado a ser parte de estos hechos de violencia en el puerto más importante de Colombia, pues según la ONG, los niños menores de 14 años estaban siendo usados como campaneros de los grupos armados de la zona.