Tomada del informe: La crisis en Buenaventura de la Human Rights Watch
Buenaventura atraviesa una honda crisis que afecta los derechos humanos de los pobladores, fomenta el crimen, la violencia y se agrava por la impunidad y la ineficiencia de las autoridades. Así lo advierte un dramático informe de Human Rights Watch (HRW).
HRW es una entidad que se dedica a proteger los Derechos Humanos de personas en todo el mundo, presentó el día 20 de marzo a la comunidad un informe el cual se realizó durante 5 meses en Buenaventura; y expone los casos de violencia que vive el principal puerto de Colombia. El informe se dio a conocer simultáneamente en varios países. (Para ver el informe completo, siga el siguiente link: http://www.hrw.org/node/123960).
Las desapariciones, los desmembramientos y el desplazamiento son los principales temas que este informe da a conocer. Fueron 70 entrevistas aproximadamente las que se les realizaron a víctimas del conflicto, familiares de estas y otros residentes de múltiples barrios de Buenaventura.
En el mes de marzo del 2014, el Puerto del Pacífico ha sido tema nacional, pues tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el presidente de la República, Juan Manuel Santos han ordenado la inmediata militarización a este municipio para controlar y capturar a las bandas delincuenciales (Los Urabeños y La Empresa) que tienen controlada la ciudad. Pues los habitantes están cansados de que sus derechos sean vulnerados y no pueda vivir tranquilos en sus propios hogares, ya que son las propias bandas las que controlan a qué hora pueden los bonaverences salir a trabajar y llegar a sus casas. Además de tener “fronteras invisibles” entre los sectores que cada una de estas controla.
La entidad internacional Human Rights Watch, señaló que el Gobierno Nacional no ha prestado la suficiente atención a una de las ciudades más importantes del país y la primera en tener casos de desplazamiento, ya que en el 2013, más de 13.000 personas fueron obligadas a dejar sus hogares por el conflicto interno que se vive en la ciudad entre bandas criminales, las cuales están relacionadas con el paramilitarismo (Los Urabeños y La Empresa).
El informe relata sobre las “casas de pique”, donde torturan y descuartizan a las personas para luego arrojarlas al mar o a fosas comunes. Una entrevista realizada a un habitante de Buenaventura en dicho documento reporta que “por mucho grito que uno escucha, el temor no lo deja a uno salir. La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”. En el 2013, las desapariciones reportadas oficialmente en Buenaventura fueron de 38 personas, de las cuales 1 apareció muerta y 2 vivas.
Y es que los habitantes temen por sus vidas y que estas bandas de delincuentes tomen represarías con ellos y sus familias. Es por eso que a pesar de todos los casos que se evidencian día a día los bonaverences no denuncian. Algo que este informe arroja es que según los habitantes, no se siente respaldados por la Fuerza Pública, ya que algunos manifiestan que hay poca presencia de la Policía en la ciudad y que además los pocos que hay, algunos intercambian diálogos con miembros de estas bandas.
El documento menciona las obligaciones internacionales que tiene Colombia, ya que en el 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó a los Estados miembros de la OEA, entre ellos Colombia que: “Los Estados Miembros tienen el deber de proteger y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención”.
Otros temas que se mencionan en el informe de la Human Rights Watch son: Las restricciones a la circulación y control social, el reclutamiento forzado, la “ley del silencio”, la falta de protección del Estado, la falta de asistencia oportuna a desplazados y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Finalmente, esta entidad internacional realiza una serie de recomendaciones al Estado colombiano (al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, a las oficinas del Ministerio Público y al Alcalde de Buenaventura), ya que es una problemática que afecta desde hace mucho tiempo a los 370.000 habitantes de Buenaventura y que a pesar de ser una ciudad tan importante para el país, el Gobierno tiene en total descuido y no brinda garantías para poder mejorar la calidad de vida en esta ciudad, pues presenta el índice más alto de pobreza y desempleo en el país.
La entidad protectora de los Derechos Humanos asegura que el Estado colombiano no brinda la seguridad a las personas de Buenaventura que viven en constantes amenazas de violencia, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Además, asevera que las autoridades no cumplen su obligación de brindar la seguridad y la protección efectiva a los habitantes.